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Expected versus Unexpected Non-Competition: A Corruption-Risk Approach to Public Procurement in Spain

Este artículo introduce un marco basado en aprendizaje automático que utiliza datos de la contratación pública española para distinguir entre la falta de competencia esperada y la inesperada, creando así un indicador refinado, que reduce los falsos positivos, para el riesgo de corrupción que tiene en cuenta factores estructurales del mercado y de las instituciones.

Autores originales: Iván Pastor-Sanz, Félix J. López Iturriaga

Publicado 2026-10-19
📖 5 min de lectura🧠 Análisis profundo

Autores originales: Iván Pastor-Sanz, Félix J. López Iturriaga

Artículo original bajo licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). ✨ Esta es una explicación generada por IA del artículo a continuación. No ha sido escrita ni avalada por los autores. Para mayor precisión técnica, consulte el artículo original. Leer descargo de responsabilidad completo

La contratación pública es el proceso mediante el cual los gobiernos compran los bienes, servicios e infraestructuras necesarios para gestionar un país, desde la construcción de carreteras hasta el abastecimiento de hospitales. Debido a que estos contratos involucran sumas de dinero ingentes y reglas complejas, son un objetivo frecuente de la corrupción. Uno de los indicios de alerta más comunes de que algo va mal es la falta de competencia. Cuando un gobierno solicita ofertas para un proyecto, un mercado sano suele producir varias empresas compitiendo por el trabajo. Si solo se presenta una empresa, o si el proceso de licitación se mantiene en secreto, esto suele sugerir que el contrato fue amañado para favorecer a un proveedor específico. Durante años, los auditores y organismos de control han dependido de listas sencillas de estos indicios de alerta, conocidos como banderas rojas, para detectar acuerdos sospechosos. Sin embargo, estas listas tienen un fallo importante: no pueden distinguir entre un contrato que es sospechosamente poco competitivo y uno que es simplemente poco competitivo por razones legítimas, como un mercado especializado donde existen pocas empresas o un proyecto complejo que ahuyenta a los licitadores. Esta confusión provoca muchas falsas alarmas, desperdiciando tiempo y recursos en contratos que en realidad son limpios.

Para resolver este problema, los investigadores Iván Pastor-Sanz y Félix J. López-Iturriaga recurrieron a una colección masiva de datos de España, analizando 393.631 licitaciones públicas adjudicadas entre 2018 y 2024. En lugar de utilizar una lista de verificación estática, construyeron un modelo informático que aprende de la historia de estos contratos para entender qué es un nivel de competencia "normal" para cualquier situación dada. El modelo tiene en cuenta detalles disponibles antes de que se adjudique un contrato, como el tipo de trabajo que se va a realizar, las reglas específicas utilizadas para seleccionar al ganador y la región donde se ubica el proyecto. Al estudiar estos factores, el modelo calcula la probabilidad esperada de que una licitación atraiga menos de tres ofertas. Luego, compara esta expectativa con lo que realmente sucedió. Si un contrato recibe muy pocas ofertas cuando el modelo predijo que debería haber atraído muchas, esa brecha se marca como una anomalía inesperada. Este enfoque permite a los funcionarios separar el ruido de las condiciones normales del mercado de la señal de una posible corrupción.

Los investigadores descubrieron que los factores más importantes que determinan si un contrato recibe muchas ofertas o solo una no son la cantidad de dinero involucrada, sino el tipo de proyecto y las reglas utilizadas para llevar a cabo el proceso de licitación. El sector específico de la economía, como la construcción o los servicios de TI, explicaba casi la mitad de la variación en los niveles de competencia. El tipo de procedimiento utilizado para adjudicar el contrato fue el segundo predictor más poderoso. Esto confirma una visión largamente sostenida en la ciencia política de que la cantidad de libertad o discreción otorgada a los funcionarios gubernamentales al diseñar el proceso de licitación moldea directamente la oportunidad de favoritismo. Los contratos adjudicados mediante procedimientos que permiten a los funcionarios negociar directamente con los proveedores sin publicidad pública tenían muchas más probabilidades de tener una baja competencia, pero el modelo mostró que esto era a menudo un resultado esperado de las reglas, no necesariamente la prueba de un delito.

El verdadero valor de este trabajo reside en su capacidad para filtrar las falsas alarmas. Al centrarse únicamente en los contratos donde la competencia real fue significativamente menor de lo que el modelo esperaba, los investigadores identificaron un grupo diminuto y altamente sospechoso de licitaciones. De casi 400.000 contratos, el modelo marcó solo 2.195 casos, o aproximadamente el 0,56 por ciento, como inesperadamente poco competitivos. Estos son los acuerdos que merecen el escrutinio más cercano porque se desvían drásticamente de la norma para su tipo y ubicación específicos. El estudio demostró que estos casos señalados guardaban una fuerte correlación con otras medidas establecidas de riesgo de corrupción, lo que sugiere que el modelo está identificando correctamente problemas de integridad genuinos en lugar de simple ruido aleatorio. Este método ofrece una forma de que los organismos de control pasen de reaccionar ante cada contrato de baja oferta a dirigirse proactivamente a los casos específicos donde el riesgo es mayor, asegurando que los limitados recursos de auditoría se utilicen donde puedan hacer más bien.

Los hallazgos sugieren que, si bien la baja competencia es un indicador útil, no es uno perfecto por sí solo. El estudio no demuestra que cada contrato señalado sea corrupto, pero proporciona una herramienta mucho más afilada para encontrarlos. Al distinguir entre la falta de competencia esperada causada por las realidades del mercado y la falta de competencia inesperada que insinúa un posible fraude, este enfoque ayuda a los gobiernos a gestionar el enorme flujo de fondos públicos con mayor precisión. Mientras España continúa recibiendo miles de millones de euros en fondos de recuperación de la Unión Europea, la capacidad de supervisar estos contratos de manera efectiva es más crítica que nunca. La investigación demuestra que utilizar los datos para comprender el contexto de un acuerdo es mucho más poderoso que simplemente contar el número de licitadores, ofreciendo un camino más claro hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público.

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