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From Punishment to Risk Identification: Rethinking the Mechanism for Determining “Serious Breaches of Trust” in China’s Social Credit Governance

Este artículo sostiene que la determinación de los "Incumplimientos Graves de Confianza" en el sistema de crédito social de China debe reconceptualizarse de un acto administrativo punitivo a una forma distinta de identificación de riesgos, proponiendo un modelo tripartito de actos administrativos y un marco de gobernanza basado en el riesgo correspondiente para abordar mejor las funciones predictivas y preventivas del sistema.

Autores originales: Sizhang Luo

Publicado 2026-10-23
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Autores originales: Sizhang Luo

Artículo original bajo licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). ✨ Esta es una explicación generada por IA del artículo a continuación. No ha sido escrita ni avalada por los autores. Para mayor precisión técnica, consulte el artículo original. Leer descargo de responsabilidad completo

En el mundo moderno, los gobiernos y los bancos dependen de los sistemas de crédito para decidir quién es lo suficientemente digno de confianza para pedir prestado dinero, dirigir una empresa o incluso viajar. En muchos lugares, este sistema se basa en las fuerzas del mercado y en las leyes de protección de datos que se centran en mantener los registros precisos y justos. Pero en China, el enfoque es diferente. El Estado ha construido un sistema masivo y unificado llamado sistema de "crédito social". Su objetivo es gestionar la sociedad rastreando el comportamiento, compartiendo información entre diferentes departamentos gubernamentales y aplicando consecuencias a quienes rompen las reglas. Una parte central de este sistema es la etiqueta de "incumplimiento grave de la confianza". Cuando una persona o empresa recibe esta etiqueta, se enfrenta a una cascada de restricciones, desde la denegación de préstamos hasta la prohibición de acceder a ciertos empleos. Durante años, los estudiosos del derecho han debatido qué es realmente esta etiqueta. ¿Es simplemente una declaración de hechos, como un médico que confirma un diagnóstico? ¿O es un castigo, como una multa o una sentencia de prisión por un delito? Comprender la verdadera naturaleza de esta etiqueta es importante porque las reglas legales que protegen a las personas dependen enteramente de cómo definamos la acción. Si es un castigo, se aplican leyes estrictas para garantizar la equidad. Si es solo un hecho, esas protecciones podrían no existir.

Un investigador llamado Sizhang Luo, de la Universidad Nacional Al-Farabi Kazak, ha examinado este debate y ha descubierto que las definiciones legales actuales no dan en el blanco. El artículo sostiene que la determinación de un "incumplimiento grave de la confianza" no es ni una simple confirmación de hechos ni un castigo tradicional. En su lugar, el autor propone que es un tipo distinto de acción llamada "identificación de riesgos". En términos sencillos, esto significa que el sistema no está mirando hacia atrás para castigar a alguien por lo que hizo ayer, sino mirando hacia adelante para predecir lo que podría hacer mañana. Es una forma de que el gobierno clasifique a las personas en diferentes categorías de riesgo para que puedan gestionar problemas futuros antes de que ocurran. El estudio sugiere que, debido a que el sistema actual intenta encajar esta nueva herramienta con visión de futuro en viejas cajas legales diseñadas para el pasado, se crea confusión, inconsistencia e injusticia.

El artículo comienza mostrando lo desordenado que es el sistema actual en la práctica. No existe una única y clara ley nacional que defina exactamente qué cuenta como un "incumplimiento grave". En cambio, las reglas están dispersas por diferentes regiones e industrias. En una ciudad, no pagar una factura de electricidad a tiempo podría hacer que te etiqueten como deshonesto. En otra ciudad, el mismo error podría ser ignorado. En el sector financiero, un banco podría decidir que una persona es un deudor de alto riesgo tras 9 de impagos, mientras que otro banco espera 120 días. Esta falta de uniformidad significa que dos personas haciendo exactamente lo mismo pueden recibir etiquetas completamente diferentes dependiendo de dónde vivan o con qué banco traten. Además, el proceso para tomar estas decisiones suele ocurrir a puerta cerrada. Las personas suelen ser informadas de que han sido etiquetadas como deshonestas solo después de que se toma la decisión, con pocas oportunidades de ver los datos utilizados o de argumentar su caso. Debido a que las reglas están tan dispersas y los procedimientos son tan opacos, el sistema carece de la estabilidad y la justicia que un sistema legal moderno debería proporcionar.

El autor analiza entonces las dos principales formas en que los académicos han intentado entender esta etiqueta. La primera idea es que es una "confirmación administrativa", lo que significa que el gobierno solo está declarando un hecho, como confirmar que alguien tiene una licencia de conducir. El artículo argumenta que esto es erróneo porque la etiqueta no trata solo de lo que sucedió; implica un juicio sobre el riesgo futuro. El gobierno no solo está diciendo "usted no realizó un pago"; está diciendo "es probable que usted vuelva a no realizar pagos". La segunda idea es que es una "sanción administrativa", similar a una multa o una pena de cárcel. El artículo también rechaza esto. Una sanción está destinada a castigar un acto ilegal específico. Pero un "incumplimiento grave" puede incluir cosas que no son estrictamente ilegales, como romper un contrato o incluso fallos morales. Además, si fuera un castigo, violaría la regla contra castigar a alguien dos veces por el mismo acto, ya que muchas personas ya han sido multadas por el error original antes de recibir la etiqueta.

Tras haber demostrado que las viejas definiciones no encajan, el artículo introduce el nuevo concepto: la identificación de riesgos. Este es una herramienta proactiva utilizada en la era digital. En lugar de esperar a que ocurra un delito para luego castigarlo, el sistema recopila datos para detectar patrones que sugieran que vienen problemas. Cuando una persona es etiquetada con un "incumplimiento grave de la confianza", el sistema esencialmente la señala como un individuo de alto riesgo que necesita un seguimiento o restricciones adicionales para prevenir daños futuros. El objetivo no es hacer que sufran por el pasado, sino proteger al mercado y a la sociedad de posibles pérdidas futuras. El autor sugiere que necesitamos añadir esta nueva categoría a nuestra comprensión de las acciones gubernamentales, creando un sistema de tres partes: confirmar hechos, castigar delitos pasados e identificar riesgos futuros.

Para que este sistema funcione de manera justa, el artículo propone un nuevo marco para la gestión de estas etiquetas de riesgo. Primero, debe crearse un conjunto único y unificado de reglas mediante una ley nacional para que la definición de un "incumplimiento grave" sea la misma en todas partes. Segundo, el poder para tomar estos juicios debe estar cuidadosamente calibrado. No cada pequeño error debería activar una etiqueta grave; solo las acciones que representen un riesgo real y significativo para el público deberían calificar. Tercero, el proceso debe ser transparente. Las personas deben ser informadas de por qué están siendo señaladas, qué datos se están utilizando, y deben tener una oportunidad real de corregir errores antes de que la etiqueta se fije. Finalmente, el sistema necesita una forma de corregir errores y permitir que las personas sigan adelante. Dado que el riesgo cambia con el tiempo, una etiqueta no debe ser permanente. Si una persona corrige su comportamiento o si los datos eran erróneos, la etiqueta debe ser eliminada y su crédito debe ser restaurado.

El estudio concluye que el sistema de crédito social de China está cambiando la forma en que operan los gobiernos, pasando de un modelo de castigar el mal comportamiento a uno de gestionar riesgos futuros. Este cambio es impulsado por el gran volumen de datos (big data) y los algoritmos en los que las autoridades administrativas confían cada vez más para la recopilación continua de datos, la evaluación y la puntuación automatizada. Sin embargo, las reglas legales no se han puesto al día con esta nueva realidad. Al reconocer que el "incumplimiento grave de la confianza" es una forma de identificación de riesgos, el artículo argumenta que podemos construir un sistema que sea eficaz para gestionar el riesgo y justo para las personas a las que afecta. Sugiere que el futuro del derecho en la era digital dependerá de nuestra capacidad para crear reglas que protejan a las personas del poder expansivo de los sistemas predictivos, asegurando que el impulso por la seguridad no se produzca a costa de la justicia.

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