Rethinking Humanitarian Localization: From Local Implementation to the Redistribution of Resources and Authority
Este artículo sostiene que la verdadera localización humanitaria requiere ir más allá de la mera delegación operativa hacia una redistribución sustantiva de los recursos y la autoridad de toma de decisiones, proponiendo un marco de congruencia T₁–T₂–T₃ para diagnosticar y abordar los desajustes entre las responsabilidades de implementación local, el control de recursos y el poder de gobernanza.
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Cuando ocurre un desastre, las personas que mejor conocen el terreno son a menudo los vecinos que viven allí mismo. Ellos saben qué caminos son transitables, qué familias son más vulnerables y cómo navegar las costumbres locales sin causar ofensas. Durante años, el sistema de ayuda internacional ha intentado solucionar un problema sencillo: envía dinero e instrucciones desde lejos, pero las personas en el terreno son quienes realizan el trabajo real. El objetivo de la "localización humanitaria" es desplazar el poder para que estos grupos locales puedan liderar la respuesta, en lugar de simplemente seguir órdenes de sedes distantes. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que el simple hecho de dar a los grupos locales más trabajo no significa que se les haya dado el poder de decidir cómo hacerlo. La investigación plantea una pregunta crítica: cuando decimos que estamos ayudando a las organizaciones locales, ¿les estamos entregando realmente las llaves de los recursos y la autoridad para tomar decisiones, o solo les estamos pidiendo que hagan más del trabajo pesado mientras alguien más sostiene la billetera y el libro de reglas?
Para entender esto, uno debe observar cómo están estructuradas las organizaciones de ayuda. En el mundo de la ayuda internacional, el dinero y las instrucciones fluyen hacia abajo desde los donantes hacia las grandes agencias internacionales, y luego hacia los grupos nacionales o locales más pequeños. Esto crea una cadena de delegación, donde un grupo le pide a otro que realice un trabajo. Teóricamente, si se confía en un grupo local para dirigir un proyecto, este también debería tener el control sobre el dinero necesario para dicho proyecto y el derecho a tomar las decisiones importantes. Pero en la realidad, estas tres cosas —realizar el trabajo, controlar el dinero y tomar las decisiones— suelen moverse a velocidades distintas. Un grupo local podría ser plenamente responsable de alimentar a una aldea, pero no tener voz sobre cómo se gasta el presupuesto de alimentos o no tener el poder de cambiar el plan si la situación en el terreno cambia. Esta desconexión es el foco de un nuevo análisis de Pascal Kabamba Mukinay, investigador de la Haute École de Commerce de Kinshasa.
Mukinay no realizó una nueva encuesta en el campo. En su lugar, actuó como un sintetizador, recopilando y reexaminando diez artículos revisados por pares y un documento de trabajo de investigación publicados desde 2016, junto con una revisión más amplia de otros 48 estudios. Observó estos estudios existentes a través de un lente específico, combinando dos formas de pensar sobre las organizaciones. La primera forma observa cómo se delegan las tareas y quién es responsable de qué. La segunda forma observa quién posee los recursos que todos los demás necesitan para sobrevivir. Al mezclar estas dos perspectivas, el investigador pudo ver patrones que los estudios individuales podrían haber pasado por alto. Encontró que la promesa de la localización es a menudo incompleta. Los actores locales reciben frecuentemente la responsabilidad de implementar proyectos, pero no se les otorga el mismo nivel de control sobre los recursos o la autoridad para tomar decisiones.
El estudio identifica tres formas distintas en las que se manifiesta este desequilibrio. Primero, existe la brecha entre realizar el trabajo y controlar el dinero. Un grupo local puede estar gestionando un refugio, pero si el donante internacional decide exactamente cómo se gasta cada dólar, el grupo local no tiene poder real. Segundo, existe la brecha entre realizar el trabajo y tomar decisiones. Un grupo local puede ser consultado sobre un plan, pero si la última palabra pertenece a un externo, la consulta es solo un formalismo. Tercero, existe la brecha entre controlar el dinero y tomar decisiones. A veces una organización puede tener dinero, pero si las reglas son tan estrictas que no pueden decidir cómo usarlo, el dinero no es verdaderamente suyo para comandarlo. La investigación sugiere que estas brechas no son accidentes; están integradas en el sistema. Los donantes y las agencias internacionales suelen mantener un control estricto sobre el dinero y la toma de decisiones para gestionar sus propios riesgos, incluso mientras presionan a los grupos locales para que asuman más deberes operativos.
El artículo argumenta que debemos dejar de medir el éxito simplemente contando cuánto dinero se envía a los grupos locales o cuántas personas locales son contratadas. En su lugar, debemos observar si esos grupos tienen realmente la libertad de usar ese dinero y el poder de dar forma a las decisiones que afectan a sus comunidades. El investigador propone una nueva forma de pensar en esto, dividiendo la localización en tres niveles. El primer nivel es la "localización de implementación", donde los grupos locales realizan el trabajo pero tienen poco control. El segundo es la "localización de asociación", donde hay algún intercambio de poder, pero este sigue siendo limitado. El tercer y más profundo nivel es la "localización de gobernanza", donde los grupos locales tienen una responsabilidad sustancial por el trabajo, un control real sobre los recursos y la autoridad para tomar las decisiones clave. El estudio sugiere que, si bien el mundo de la ayuda es bueno en el primer nivel, está luchando por alcanzar el tercero.
Esto no significa que el sistema esté roto sin reparación, pero sí significa que el enfoque actual es insuficiente. La investigación destaca que transferir fondos no es lo mismo que transferir poder. En algunos casos, las relaciones a largo plazo y la confianza entre los donantes y los grupos locales han ayudado a cerrar la brecha, permitiendo una asociación más genuina. En otros casos, los grupos locales han encontrado formas de afirmar su propia autoridad al iniciar sus propios proyectos, eludiendo los canales habituales de arriba hacia abajo. Sin embargo, estos éxitos son la excepción más que la regla. El estudio concluye que, para que la localización humanitaria sea real, debe implicar una redistribución genuina de la autoridad, no solo una redistribución de tareas. Si los actores locales han de liderar, deben tener permitido liderar, lo que significa que necesitan los recursos y el poder de decisión que correspondan a las responsabilidades que se les pide llevar. El artículo termina instando a los responsables de políticas y trabajadores humanitarios a hacer tres preguntas simples antes de declarar un proyecto como "localizado": ¿Quién realiza el trabajo? ¿Quién controla el dinero? Y ¿quién tiene la última palabra? Solo cuando las respuestas a las tres apuntan a los mismos actores locales puede el sistema reclamar verdaderamente que ha cambiado.
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