Techno Constitutionalism Creates a Constitutional Neutrality Deficit in WTO Governance of Artificial Intelligence Risk Classification
Este artículo sostiene que el auge de la gobernanza de la IA basada en el riesgo, impulsada por obligaciones constitucionales en lugar del proteccionismo comercial, crea un "déficit de neutralidad constitucional" dentro de la OMC, lo que requiere un nuevo marco doctrinal para reconciliar la neutralidad comercial con los deberes soberanos de los Estados miembros de regular los algoritmos basándose en los derechos fundamentales.
Artículo original bajo licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Esta es una explicación generada por IA del artículo a continuación. No ha sido escrita ni avalada por los autores. Para mayor precisión técnica, consulte el artículo original. Leer descargo de responsabilidad completo
Imagina un mundo donde las reglas que rigen cómo compramos y vendemos cosas a través de las fronteras chocan repentinamente con las leyes más profundas de una nación sobre cómo se debe tratar a sus ciudadanos. Durante décadas, la Organización Mundial del Comercio ha actuado como un árbitro para el comercio global, asegurando que los países no bloqueen injustamente bienes o servicios de sus vecinos. Su trabajo es detectar el proteccionismo, cuando un país esconde el deseo de ayudar a sus propias empresas tras una falsa excusa de seguridad o salud. Pero está surgiendo un nuevo tipo de conflicto, uno que las reglas actuales del juego nunca fueron diseñadas para manejar. Este conflicto no surge del deseo de proteger los empleos locales, sino del deber constitucional de un país de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, tales como la privacidad, la dignidad y la igualdad, en la era de la inteligencia artificial. A medida que las naciones comienzan a regular los algoritmos que toman decisiones sobre quién obtiene un préstamo, quién es contratado o quién recibe ayuda gubernamental, lo hacen porque sus leyes supremas lo exigen, no porque quieran mantener fuera a los competidores extranjeros. Esto crea un rompecabezas legal único: ¿cómo se juzga una barrera comercial que es, en realidad, una obligación moral?
Dos investigadores, el Dr. Jakey Khan y la Dra. Jayashri Rajbangshi, han examinado esta creciente tensión para comprender por qué el sistema actual no logra distinguir entre un país que intenta eludir el sistema y un país que intenta defender su constitución. Descubrieron que el mundo se mueve hacia una nueva realidad que llaman "tecnoconstitucionalismo". Esta es una situación en la que las reglas para gestionar la inteligencia artificial ya no son solo elecciones de política que un gobierno puede cambiar si quiere. En su lugar, estas reglas están escritas en el tejido mismo de la ley suprema de una nación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la regulación de la IA se basa en la protección de la dignidad humana y la privacidad de los datos, que son valores constitucionales centrales. En la India, la Corte Suprema ha dictaminado que la privacidad es un derecho fundamental vinculado a la dignidad humana, lo que significa que el gobierno está legalmente obligado a garantizar que la inteligencia artificial no viole este derecho. En estos lugares, regular la IA no es una cuestión de conveniencia; es un deber legal.
El problema, explican los autores, es que la Organización Mundial del Comercio opera bajo el supuesto de que cada país tiene un menú de opciones cuando se trata de regulación. Si un país prohíbe un determinado producto, la organización de comercio pregunta: "¿Podría haber logrado su objetivo de una manera menos perjudicial para el comercio?". Esta pregunta funciona bien cuando un gobierno simplemente está eligiendo entre diferentes formas de gestionar un mercado. Sin embargo, falla cuando el gobierno no tiene opción alguna. Si la constitución de un país exige que un tipo específico de inteligencia artificial sea prohibido porque viola los derechos humanos, ese gobierno no puede simplemente elegir una opción "menos restrictiva" para complacer un acuerdo comercial. Hacerlo sería quebrantar su propia ley suprema. Los investigadores argumentan que el sistema comercial actual sufre de un "déficit de neutralidad constitucional". Esto significa que el sistema es ciego a la diferencia entre una barrera comercial creada por razones económicas egoístas y una barrera comercial creada porque un país está legalmente obligado a proteger a su gente.
Para resolver esto, los autores proponen un nuevo concepto legal llamado "Espacio Regulatorio Constitucional para la IA". Esto no es un pase libre para que los países bloqueen el comercio cuando quieran. En su lugar, es una prueba estricta diseñada para separar los deberes constitucionales genuinos del proteccionismo disfrazado. Bajo este nuevo enfoque, un país tendría que demostrar que su regulación de la IA es realmente requerida por su constitución, respaldada por fallos judiciales o textos legales específicos, y no solo por una idea vaga de seguridad pública. También tendrían que demostrar que la regla se aplica por igual a sus propias empresas y a las extranjeras, y que no hay otra forma de lograr el mismo objetivo constitucional sin perjudicar al comercio. Si un país puede superar esta prueba, la Organización Mundial del Comercio reconocería que la restricción comercial es inevitable y no castigaría al país por ello. En lugar de exigir que el país cambie su ley, el sistema fomentaría un diálogo estructurado para encontrar formas de hacer que el comercio funcione alrededor del requisito constitucional.
Los investigadores enfatizan que este enfoque es particularmente importante para las naciones del Sur Global, como la India, Brasil y países de Oriente Medio. Sin este nuevo entendimiento, el sistema comercial global corre el riesgo de obligar a estas naciones a elegir entre obedecer sus propias constituciones y seguir las reglas comerciales internacionales. Actualmente, los modelos dominantes para regular la IA provienen de la Unión Europea, Estados Unidos y China. Si el mundo solo acepta estos tres modelos, otras naciones podrían verse obligadas a adoptar reglas que no se ajustan a sus propias tradiciones legales o valores culturales. Los autores sugieren que, al reconocer el "tecnoconstitucionalismo", el mundo puede permitir una diversidad de enfoques legales. Esto asegura que el compromiso de un país con los derechos humanos y la justicia social no sea tratado como una barrera comercial, sino respetado como una parte fundamental de su identidad legal. El objetivo no es detener el comercio, sino asegurar que las reglas del comercio no obliguen a las naciones a sacrificar sus compromisos legales más profundos con la protección de sus ciudadanos.
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