Sense of Place as a Governance Mechanism: Eco-Neighbourhood Claims and Environmental Justice in a Peri-Urban Corridor of Cali, Colombia
Este artículo sostiene que en el corredor periurbano de Cali, Colombia, el profundo «sentido de lugar» de los residentes, que genera un conocimiento ecológico autoritativo, es paradójicamente malinterpretado por las instituciones de planificación como un sesgo parroquial, perpetuando así la injusticia ambiental, y propone una nueva matriz analítica para replantear estos apegos territoriales como reclamos válidos de justicia de reconocimiento y procedimental dentro de un modelo de gobernanza de vecindarios ecológicos.
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En los espacios donde las ciudades terminan y los paisajes silvestres comienzan, se desarrolla una tensión silenciosa. Estas son las zonas periurbanas, las periferias donde el concreto se encuentra con la tierra, donde los nuevos desarrollos de vivienda presionan contra bosques antiguos y humedales. Durante décadas, los planificadores urbanos han visto estas áreas a través de un lente estrecho, centrándose en mapas, leyes de zonificación y crecimiento económico. A menudo tratan la profunda conexión emocional que los residentes sienten hacia su tierra como una distracción, un obstáculo sentimental para el progreso. Sin embargo, un creciente cuerpo de investigación sugiere que este sentimiento de pertenencia, conocido como "sentido de lugar", es en realidad una forma poderosa de conocimiento. Es la sabiduría acumulada de personas que han vivido en un parche específico de tierra durante generaciones, aprendiendo cómo fluye el agua, qué árboles sobreviven a la estación seca y cómo respira el suelo. Cuando esta sabiduría local se ignora, el resultado suele ser el daño ambiental y el conflicto social. La pregunta que enfrenta la gobernanza moderna no es solo cómo construir ciudades, sino cómo escuchar a las personas que ya conocen mejor la tierra.
En el corredor sur de Cali, Colombia, donde la ciudad se expande rápidamente hacia el municipio de Jamundí, este conflicto ha tomado una forma aguda y urgente. Aquí, un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente se propuso comprender cómo una comunidad de residentes lucha por proteger su hogar. Se centraron en un asentamiento llamado Parcelación Andalucía, un barrio fundado a mediados del siglo XX sobre lo que queda de bosque seco tropical y humedales. Mientras la ciudad planea expandir su huella urbana a través de esta zona, los residentes han pasado décadas cultivando pequeñas granjas, protegiendo especies nativas y gestionando sistemas de agua sin apoyo gubernamental formal. Los investigadores querían saber si el profundo apego de los residentes a esta tierra podría servir como una herramienta legítima de gobernanza, o si la propia profundidad de ese apego causaría que los funcionarios de la ciudad los descartaran.
Para encontrar la respuesta, los investigadores pasaron seis meses trabajando directamente con veinticuatro líderes comunitarios. Estos líderes, que encabezan juntas de acción comunal locales, se reunieron en una serie de talleres. En lugar de completar encuestas o responder preguntas de entrevistas, se les pidió a los participantes que dibujaran. Crearon grandes mapas mentales colectivos de su territorio, trazando por dónde corrían los canales de agua, dónde vivían las iguanas y qué árboles proporcionaban sombra. También compartieron historias sobre cómo sus familias habían cuidado la tierra durante generaciones. Los investigadores observaron cómo estos mapas e historias revelaban un entendimiento sofisticado del ecosistema, uno que incluía detalles sobre la biodiversidad y los ciclos del agua que los mapas oficiales de la ciudad pasaban por alto por completo.
El estudio reveló una realidad sorprendente y difícil, que los autores describen como un "doble vínculo estructural". Esta es una situación en la que la mayor fortaleza de una comunidad se convierte en la razón por la cual son rechazados. Los residentes de Parcelación Andalucía poseen un conocimiento profundo y multigeneracional de su tierra. Este conocimiento está tan arraigado en sus vidas diarias y memorias que les resulta natural; conocen el olor del suelo tras la lluvia y las rutas específicas de las aves migratorias. Esta conexión profunda les permite actuar como gestores efectivos del medio ambiente. Sin embargo, cuando intentan compartir este conocimiento con los planificadores de la ciudad, los funcionarios a menudo lo malinterpretan. Debido a que el conocimiento de los residentes se basa en el sentimiento, la memoria y la práctica, en lugar de en informes técnicos o documentos legales, los planificadores lo ven simplemente como "opinión local" o un sesgo estrecho y egoísta. La misma profundidad del amor de los residentes por su lugar hace que su pericia sea invisible para las instituciones que deberían escucharlos.
Este malentendido conduce a un ciclo de injusticia. Los residentes sufren el mayor impacto del daño ambiental causado por los desarrollos inmobiliarios cercanos, como la pérdida de humedales y el aumento de las inundaciones, pero están excluidos de las decisiones que causan estos problemas. No son reconocidos como expertos, y su participación en las reuniones de planificación suele tratarse como una formalidad en lugar de un intercambio genuino de ideas. Los investigadores encontraron que la propuesta de la comunidad para ser reconocida oficialmente como un "eco-barrio" —un modelo que integra la protección ecológica con la gobernanza comunitaria— está siendo estancada. La ciudad mantiene en suspenso un plan de desarrollo parcial para el área, dejando a la comunidad en una zona gris legal donde no pueden proteger plenamente su hogar, a pesar de ser quienes están mejor equipados para hacerlo.
Los investigadores argumentan que este no es solo un problema local en Cali, sino un fallo estructural en cómo se gestionan las ciudades en el Sur Global. Proponen una nueva forma de observar estos conflictos utilizando un marco sencillo de tres por tres. Este marco conecta las diferentes formas en que las personas se sienten vinculadas a un lugar —a través de sus emociones, sus acciones diarias y su identidad— con tres tipos de justicia: quién asume los costos del desarrollo, qué conocimiento es respetado y quién toma las decisiones. Al usar esta herramienta, los planificadores podrían ver que los mapas mentales de los residentes no son solo dibujos, sino evidencia autorizada de valor ecológico. El estudio sugiere que, para que las ciudades sean verdaderamente sostenibles, deben rediseñar sus instituciones para aceptar este tipo de conocimiento basado en el lugar. No basta con pedir a las comunidades que aprendan el lenguaje de los planificadores; los planificadores deben aprender a leer el lenguaje de la tierra tal como lo hablan las personas que viven allí.
Los hallazgos de Parcelación Andalucía ofrecen un camino claro a seguir, aunque requiere un cambio de poder. Los investigadores recomiendan que el próximo plan maestro de la ciudad trate los mapas dibujados por la comunidad como evidencia oficial, con el mismo peso que los estudios técnicos. También sugieren que la propuesta de "eco-barrio" sea probada como un proyecto piloto, lo que protegería el bosque y los humedales restantes mientras honra el derecho de la comunidad a gobernar su propio territorio. Este enfoque no sería solo un gesto de inclusión; sería una necesidad práctica. Los residentes ya han demostrado que pueden gestionar el ecosistema de manera efectiva. La barrera no es la falta de habilidad o esfuerzo por su parte, sino la falta de herramientas en manos de los planificadores para reconocer y valorar esa habilidad. Resolver este problema significa cambiar la forma en que las ciudades escuchan, asegurando que el conocimiento profundo y silencioso de las personas que llaman hogar a un lugar ya no sea tratado como un obstáculo, sino como el recurso más valioso disponible.
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