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Marine Protected Areas, Conservation Dispossession and Slow Violence in Blue Economy Governance in the Indian Ocean

Este artículo critica la gobernanza de las Áreas Marinas Protegidas en el Océano Índico como un mecanismo de "desposesión por conservación" que prioriza los intereses de la Economía Azul sobre las comunidades de pesca artesanal, borrando sistemáticamente sus derechos y su labor de género a través de un marco de violencia lenta, al tiempo que propone la "justicia de paisajes marinos" como un lente correctivo para una gobernanza oceánica equitativa.

Autores originales: Bosudha Bandyopadhyay, Shivangi Sharma

Publicado 2026-09-09
📖 7 min de lectura🧠 Análisis profundo

Autores originales: Bosudha Bandyopadhyay, Shivangi Sharma

Artículo original bajo licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). ✨ Esta es una explicación generada por IA del artículo a continuación. No ha sido escrita ni avalada por los autores. Para mayor precisión técnica, consulte el artículo original. Leer descargo de responsabilidad completo

El océano se imagina a menudo como una vasta y abierta frontera, un lugar donde la naturaleza existe aparte de las manos humanas. Pero para los millones de personas que viven a lo largo de las costas del Océano Índico, el mar no es un desierto distante; es un lugar de trabajo, una despensa y un hogar. Durante generaciones, las comunidades pesqueras de pequeña escala han gestionado estas aguas mediante costumbres compartidas, transmitiendo conocimientos sobre el comportamiento de los peces, las mareas estacionales y la cosecha sostenible de una generación a la siguiente. En las últimas décadas, ha surgido una nueva idea global llamada "Economía Azul", que promete equilibrar la protección de la vida marina con el crecimiento económico. Este marco sugiere que, al establecer grandes áreas del océano como Áreas Marinas Protegidas (AMP), podemos salvar la biodiversidad mientras creamos nueva riqueza a través del turismo y los mercados de carbono. La suposición es que la conservación y el desarrollo pueden trabajar de la mano. Sin embargo, un examen más detenido de cómo se implementan realmente estas políticas revela una historia diferente, una donde las personas que han cuidado el mar durante siglos son a menudo desplazadas para dar paso a nuevos inversores.

Un equipo de investigadores se propuso investigar el impacto real de estos esfuerzos de conservación en el Océano Índico. Examinaron tres ubicaciones distintas: las Maldivas, una nación de islas construida enteramente sobre arrecifes de coral; el Golfo de Mannar en Sri Lanka, un rico parque marino que bordea la India; y las Seychelles, un archipiélago que se ha convertido en pionero en la financiación oceánica. Los investigadores no solo observaron el recuento de peces o la calidad del agua; observaron el costo humano. Aplicaron un concepto conocido como "violencia lenta", que describe el daño que ocurre gradualmente a lo largo del tiempo, a menudo oculto a la vista pública, en lugar de un evento dramático único. También utilizaron la lente de la "ecología política feminista", que se centra en cómo los cambios ambientales afectan de manera diferente a hombres y mujeres, prestando especial atención al trabajo que realizan las mujeres y que suele ser invisible en las estadísticas oficiales. Su objetivo era comprender quién se beneficia realmente de la Economía Azul y quién paga el precio.

Lo que los investigadores descubrieron es que la promesa de la Economía Azul a menudo enmascara un proceso de "desposesión por conservación". Este término describe una situación en la que se priva a las comunidades locales de sus derechos para usar el mar, no porque estén dañándolo, sino porque sus formas de vida tradicionales están siendo reemplazadas por intereses comerciales. En las Maldivas, por ejemplo, el océano era gestionado por consejos de islas locales que decidían quién podía pescar dónde. Hoy en día, vastas extensiones de estas aguas son arrendadas a complejos turísticos de lujo. Si bien estos complejos suelen financiar sus propios proyectos de conservación para proteger los arrecifes de coral que atraen a los turistas, excluyen de hecho a los pescadores locales de las mismas aguas en las que han pescado durante generaciones. Los investigadores señalaron que este cambio tiene un impacto de género específico. En la historia de las Maldivas, las mujeres han sido las principales procesadoras de pescado, transformando el atún en productos secos que se venden localmente y se exportan. A medida que los arrecifes se cercan para el turismo, la oferta de pescado para que estas mujeres lo procesen desaparece. Los beneficios económicos de la nueva economía del turismo van mayoritariamente a los hombres que trabajan en hoteles o a inversores extranjeros, mientras que las mujeres pierden sus medios de subsistencia sin que haya un registro oficial de la pérdida.

En Sri Lanka, la situación se complica por una historia de conflicto civil y presencia militar. El Parque Nacional Marino del Golfo de Mannar fue establecido para proteger especies en peligro de extinción como las tortugas marinas y los dugongos. Sin embargo, los investigadores encontraron que las reglas que rigen este parque se han aplicado de una manera que erosiona lentamente la capacidad de las familias de pescadores para ganarse la vida. A lo largo de las décadas, se han acumulado pequeñas restricciones: una zona de no pesca aquí, un cierre estacional allá, y puestos de control de seguridad militar que bloquean el acceso a los caladeros tradicionales. Estos cambios ocurren de forma tan gradual que rara vez se ven como un acto único de desposesión, pero el efecto acumulativo es que las comunidades pesqueras son expulsadas. Los investigadores destacaron que los programas de reconstrucción postbélica a menudo asumen que el "pescador" es un hombre con un bote, ofreciéndole un nuevo motor o una red. No reconocen a las mujeres que secan, salan y venden la captura. Cuando el pescado desaparece o los mercados se ven interrumpidos por estas restricciones, estas mujeres pierden sus ingresos, aunque su lucha permanece invisible en los informes de conservación.

El tercer caso, las Seychelles, muestra cómo la finanza internacional impulsa estos cambios. El país creó un "canje de deuda por naturaleza", un acuerdo financiero donde inversores extranjeros pagaron la deuda de la nación a cambio de la promesa de proteger el treinta por ciento de su océano. Aunque esto suena como una victoria para el medio ambiente, los investigadores encontraron que la estructura de gobernanza creada por este acuerdo prioriza los intereses de los inversores globales y el turismo sobre las necesidades locales. Las reglas para proteger el océano están diseñadas para ser fácilmente medibles por auditores internacionales, favoreciendo zonas de "no toma" estrictas donde no se permite la pesca. Este enfoque a menudo entra en conflicto con las necesidades de los pescadores artesanales locales que dependen de pequeñas embarcaciones y métodos tradicionales. Además, el aucreto de los mercados de "carbono azul", que pagan a los países por proteger manglares y praderas marinas por su capacidad de almacenar carbono, ha provocado nuevas restricciones. En las Seychelles, estos protocolos financieros requieren que la actividad humana sea minimizada en estas áreas para demostrar que el carbono se está almacenando. Este requisito técnico prohíbe de hecho las prácticas tradicionales de pesca y recolección que las comunidades locales han utilizado durante generaciones, convirtiendo sus terrenos ancestrales en zonas restringidas gestionadas para créditos de carbono globales.

El estudio concluye que el modelo actual de gobernanza oceánica no es un equilibrio neutral entre la naturaleza y las personas. En cambio, sugiere que la Economía Azul es a menudo un mecanismo para transferir el control del mar de las comunidades locales a los operadores turísticos, las ONG de conservación y los mercados financieros. Los investigadores argumentan que este proceso es profundamente injusto porque ignora el conocimiento y el trabajo de las personas que han sostenido estos ecosistemas durante siglos. Señalan que los costos de la conservación los soportan los pobres, particularmente las mujeres cuyo trabajo es borrado de los datos, mientras que los beneficios son capturados por inversores distantes. Para solucionar esto, los autores proponen un nuevo concepto llamado "justicia del paisaje marino" (seascape justice). Esta idea exige que la gobernanza del océano debe reconocer los derechos de las comunidades locales, valorar su conocimiento tradicional y asegurar que los beneficios de la conservación se compartan de manera justa. Hace un llamado a un sistema donde las personas que viven con el mar no sean tratadas como obstáculos a eliminar, sino como socios esenciales en su futuro. Los investigadores sugieren que, sin este cambio, la expansión de las áreas protegidas continuará desplazando a millones de personas costeras en nombre de la sostenibilidad, creando una nueva historia de cercamiento en lugar de liberación.

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