Assurance and ESG rating divergence limit the informational value of sustainability disclosure mandates

En el mundo financiero moderno, el historial ambiental y social de una empresa ya no es solo una cuestión de relaciones públicas; es una pieza crítica de datos que los inversores utilizan para decidir dónde colocar su dinero. La creencia predominante entre reguladores y responsables políticos ha sido durante mucho tiempo que, si se obliga a las empresas a escribir más sobre sus esfuerzos de sostenibilidad, el mercado se volverá automáticamente más inteligente. La lógica es sencilla: más información significa menos incertidumbre, lo que permite a los inversores valorar los riesgos con precisión y dirigir el capital hacia las firmas más responsables. Esta idea sustenta un masivo impulso global hacia la información obligatoria, un movimiento tan significativo que las Naciones Unidas contabiliza el número de empresas que publican estos informes como una medida principal del progreso hacia sus objetivos de desarrollo global.

Sin embargo, un nuevo documento conceptual desafía la base misma de esta creencia. Los autores argumentan que el simple hecho de aumentar el volumen de los informes no garantiza una mejor información. Sugieren que, para que un informe sea útil, debe ser creíble, y la credibilidad no es algo que una empresa pueda crear por sí sola. Depende de una cadena de eventos que ocurre después de que se escribe el informe: primero, un experto independiente debe verificar las cifras y, segundo, una agencia de calificación debe traducir esas cifras en una puntuación que los inversores puedan entender. Si cualquiera de estos pasos falla, el aluvión de nuevos datos se convierte en ruido en lugar de señal. Los investigadores proponen que hemos estado midiendo lo equivocado. En lugar de contar cuántas páginas de informes se presentan, deberíamos medir la brecha entre lo que las empresas dicen y lo que los inversores realmente pueden confiar.

El documento introduce un concepto llamado "brecha de credibilidad" para describir este vacío. Imagine que una empresa divulga una gran cantidad de datos sobre sus emisiones de carbono o sus prácticas laborales. Si esos datos no han sido revisados rigurosamente por un auditor independiente, o si diferentes agencias de calificación interpretan esos datos de maneras radicalmente distintas, el inversor no puede confiar en ellos. La "brecha" es la distancia entre la mera cantidad de información publicada y la pequeña fracción de esa información en la que un inversor se siente lo suficientemente seguro como para tomar decisiones. Los autores sostienen que cuando esta brecha es amplia, añadir más divulgación en realidad empeora las cosas. Crea una ilusión de transparencia mientras deja la incertidumbre subyacente intacta, o incluso la aumenta al dar a las agencias de calificación más datos contradictorios sobre los cuales discutir.

Para entender por qué sucede esto, los investigadores desglosan el proceso de convertir un informe corporativo en una decisión de inversión en tres capas distintas. La primera capa es la propia empresa, el preparador. Aquí, el riesgo es que una empresa pueda elegir resaltar sus éxitos mientras oculta sus fracasos, o utilizar un lenguaje vago que suene impresionante pero que signifique poco. La segunda capa es el asegurador, la parte independiente contratada para revisar el trabajo. En muchos sistemas actuales, estas verificaciones suelen ser "limitadas", lo que significa que el revisor solo busca errores obvios en lugar de confirmar que toda la historia es cierta. Esta es una garantía mucho más débil que las auditorías completas requeridas para los estados financieros. La tercera capa es la agencia de calificación, la entidad comercial que toma los datos verificados (o no verificados) y los convierte en una puntuación única. Los autores señalan un hallazgo preocupante: cuando las empresas divulgan más, las agencias de calificación suelen estar más en desacuerdo, no menos. Esto se debe a que diferentes agencias utilizan distintos métodos para calcular sus puntuaciones, y más datos les dan más margen para aplicar esos diferentes métodos.

El documento sintetiza evidencia de diversos campos para mostrar que estas tres capas suelen fallar de formas específicas. Cuando un gobierno ordena que las empresas informen más, pero no construye simultáneamente un sistema sólido para verificar esos datos, el resultado es una oleada de papeleo que no añade valor. Los investigadores trazan cuatro entornos regulatorios diferentes existentes a partir de 2026 para ilustrar esto. La Unión Europea, por ejemplo, ha reducido recientemente el número de empresas obligadas a informar, pero ha mantenido el requisito de verificaciones independientes, eligiendo efectivamente la profundidad sobre la amplitud. En contraste, Estados Unidos se ha movido hacia la cancelación de sus reglas de divulgación climática, creando un vacío de información. La India, por su parte, ha adoptado un estándar muy estricto que requiere una verificación de alto nivel para sus empresas más grandes, pero enfrenta una escasez de profesionales cualificados para realizar dichas verificaciones. Esta situación única en la India ofrece una oportunidad rara para estudiar qué sucede cuando se aplica una regla estricta antes de que la infraestructura necesaria esté plenamente lista.

El hallazgo central del documento es que la relación entre la divulgación y el comportamiento de inversión no es lineal. En un sistema donde la verificación es débil y las agencias de calificación discrepan, ampliar el alcance de la divulgación no reduce el coste de capital para las buenas empresas ni lo aumenta para las malas. En su lugar, el mercado trata la información como ambigua, exigiendo un mayor rendimiento por la incertidumbre. Los autores sugieren que la estrategia global actual de contar informes como una medida de progreso es fundamentalmente errónea. Si el objetivo es redirigir el dinero hacia el desarrollo sostenible, la prioridad debe pasar de escribir más informes a construir las instituciones que los verifiquen.

Los investigadores proponen que, para que los mandatos de divulgación funcionen, la infraestructura de la confianza debe construirse antes de que se amplíe el alcance de la información. Esto significa asegurar que haya auditores independientes disponibles y que las agencias de calificación sean transparentes sobre cómo calculan sus puntuaciones. Sin estos pasos, la "brecha de credibilidad" permanece amplia, y los mercados de capitales no logran recompensar a las empresas que están mejorando genuinamente su desempeño ambiental y social. El documento concluye que el camino hacia una economía sostenible no reside en el volumen de texto que producen las empresas, sino en la fiabilidad de los números detrás de ese texto. Hasta que no se cierre la brecha entre lo que se divulga y lo que se cree, la promesa de utilizar los mercados financieros para resolver los desafíos ambientales seguirá sin cumplirse.